Aunque sea políticamente incorrecto, es necesario preguntarse si la prohibición de las armas a los ciudadanos realmente funciona
Autor: Julio César Mejía
Columna publicada originalmente en PanAm Post
En Colombia es tal la animadversión existente hacia las armas, que incluso el Congreso colombiano debate por estos días los alcances del nuevo Código de Policía, donde contempla la posibilidad de impedir que los ciudadanos hagan uso de armas no letales para la defensa personal. Esto quizá es comprensible en un país con una trágica reputación por sus niveles de violencia, por esto sugerir que se permita el porte legal de armas es políticamente incorrecto. Para muchos, incluso, es considerado una completa herejía.
El caso de Bogotá es interesante debido a que la restricción al porte de armas que ha regido desde febrero del 2012 parece no haber obtenido los resultados deseados. Así que, por polémico que pueda parecer, vale la pena preguntarse: ¿en realidad el control de armas ha dado más seguridad a los bogotanos?
Para empezar es importante resaltar que no necesariamente una sociedad con ciudadanos armados es automáticamente violenta. Por ejemplo, en Estados Unidos los casos de los estados de New Hampshire o Wyoming, con porcentajes de tenencia de armas del 30% y el 59,7% y tasas de 1 y 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente, contrastan con la situación del Distrito de Columbia, que tiene un porcentaje de tenencia de armas del 3%, pero con una tasa de 15,9 homicidios por cada 100.00 habitantes.
Gráfico 1: Homicidios por localidades entre enero y agosto de 2013 y 2014. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá
El caso de Bogotá es revelador. Es sabido que la violencia homicida no se manifiesta de forma uniforme en toda la ciudad, sino que existen focos de criminalidad y homicidios que además tienden a ser persistentes en el tiempo. Esta focalización es de tal magnitud, que de 19 localidades, solo seis —Santafe, San Cristobal, Bosa, Kenedy, Suba y Ciudad Bolívar— concentran más del 62% de los homicidios (Gráfico 1).
Por esto, a pesar del control de armas de fuego que rige en la ciudad, entre 2013 y 2014 los homicidios presentaron un leve repunte al pasar de 16,7 a 17,4 por cada 100.000 habitantes; y los robos con armas de fuego aumentaron un 9% solo en el primer semestre de 2014 comparados con el mismo periodo del año anterior (Gráfico 2). Esto es una clara muestra que desarmar a los habitantes de La Castellana, por ejemplo, poco o nada sirve para disminuir la violencia, pues los homicidios se están produciendo al otro lado de la ciudad, en barrios como Ciudad Bolívar o Kennedy.
Gráfico 2: Encuesta de victimización. Fuente: Encuesta de percepción y victimización CCB, primer semestre del 2014.
Es previsible que cuando se dicta una restricción al porte de armas, sean los ciudadanos cumplidores de la ley y no los criminales quienes acaten los nuevos dictámenes. Esto es algo que saben muy bien en el distrito, que para el momento en que empezó a promover los controles de armas en la ciudad, simultáneamente estimaba que hasta 95% de los homicidios se cometían con armas de fuego ilegales. En otras palabras, el mercado ilegal de armas es tan grande en Bogotá, que prohibirle a un ciudadano un revólver para la defensa personal es en realidad un desperdicio de esfuerzos de las autoridades, pues no son estas armas las que están generando la violencia homicida, sino aquéllas ilegales que portan los delincuentes.
Dicho de otra manera, lo que se demuestra es que el mercado de armas funciona igualmente que el mercado de drogas psicoactivas. Por esto, las prohibiciones, lejos de eliminar la oferta y la demanda, generan verdaderos mercados negros con mafias que, al no poder acudir a la justicia civil, tienden a resolver sus disputas por medio de la violencia. Así, el mercado negro de armas ha llegado a tal sofisticación que por sólo 50 mil pesos diarios (alrededor de 18 dólares) es posible alquilar una pistola, eliminando así para los criminales la barrera de los altos precios de las armas.
Grafica 3: Homicidios por cada 100.000 habitantes en Bogotá D.C. Fuente: Instituto Paz y Reconciliación.
Sin embargo, lo inefectivo que resulta el control de armas ha sido opacado por la desinformación existente alrededor de la disminución de homicidios que se produjo en Bogotá durante los años 2011 y 2012 (Gráfica 3). Al respecto, vale la pena aclarar que la caída en los homicidios se produjo en realidad entre diciembre de 2011 y enero de 2012, momento en que la restricción aún no comenzaba a regir. Adicionalmente, se debe resaltar que entre los años 2011 y 2012 la policía se esforzó en focalizar sus esfuerzos y consiguió un incremento significativo de su impacto al aumentar la captura de homicidas en 46% en flagrancia y en 47% las capturas por orden judicial.
No obstante, a pesar de la evidencia en contra, pareciera se continúa insistiendo en el error de asumir que al controlar las armas se controla también la violencia homicida. Es entonces irresponsable que los gobernantes desarmen a los ciudadanos fundamentándose en meras corazonadas o basándose en caprichos ideológicos, sin darse cuenta que el desarme ciudadano los convierte en los mejores ayudantes de los criminales, que gracias a los esfuerzos por dejar indefensas a las víctimas, tienen el 50% del trabajo ya hecho.
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