El papel del sector privado en la educación

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Al buscar la solución al problema educativo del país, el Gobierno presume que es el único encargado de superarlo

Semanas antes de que iniciara el año escolar la Corte Suprema de Justicia publicó una sentencia que genera profundas discusiones sobre el papel del Estado en la provisión de educación de calidad para estudiantes de talentos excepcionales, quienes no tienen las facilidades para tener una educación adecuada para sus talentos especiales.

Según lo mencionado por la Corte, es el Estado el responsable de solucionar la oferta de educación especializada para esta población; la cual es más susceptible de ser objeto de discriminación, además de ser víctima de una educación que no aprovecha su potencial y competencias.

Desde el 2009 la Rama Judicial ha sido de la línea jurisprudencial de que es en el otorgamiento de becas, auxilios y subsidios, donde reposa la solución para satisfacer la demanda de educación de esta población especial y de escasos recursos.

En otras palabras, el Estado no se dedicó, a la creación de colegios públicos para la educación de niños con talentos excepcionales, sino que fortaleció económicamente a la demanda para que puedan entrar al colegio “especial” que ellos crean más conveniente para sus intereses, dentro del sector privado.

Sin embargo, tal línea comenzó a despedazarse en el 2013 con la posibilidad de crear colegios públicos para estudiantes superdotados. La Corte Constitucional mencionó que es “la obligación especial del Estado dar educación a las personas con capacidades excepcionales que tienen méritos suficientes no sólo para acceder, sino para permanecer dentro de un sistema especial de educación diseñado por el mismo estado”

A esta posibilidad se le ven varios inconvenientes.

El primero tiene que ver con la calidad de la educación para estos estudiantes excepcionales: Esta población se encuentra dispersa territorialmente y es imposible ubicarla en un lugar donde sea fácil el transporte para todos los estudiantes. Y la calidad del supuesto colegio no llenaría todas las expectativas de los diversos talentos; los estudiantes o sus padres no podrían escoger el colegio que llene más sus expectativas o el mejor modelo educativo.

El segundo, que se encuentra inexorablemente unido con el primero, es la sostenibilidad de la creación de estos colegios. Si el Estado se dedicará a hacer colegios para superdotados, debería comenzar a realizar diversos colegios que exploten las diversas potencialidades de cada uno. Como bien menciona Fernando Nogales Lozano, Doctor en Sociología y en Educación:

“Un alumno con alguna deficiencia mental, un alumno normal, un alumno superdotado, tiene ritmos y modelos de aprendizajes distintos. Lo peor que se les puede hacer es juntarles, pues con los modelos educativos “estándar” todos pierden”.

Se tendría que hacer un colegio por alumno.

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“Es necesario salirse de los argumentos ideológicos; al volverse pragmático se evidencia que existen mejores soluciones, de mayor calidad para sus usuarios y de menores costos”.

Bajo esta propuesta, se olvida que un mercado abierto puede satisfacer mejor las demandas de los estudiantes, al ser ellos mismos quienes escogen el modelo educativo que más se les acomode a sus intereses. Al hablar de educación pública, se le niega al estudiante escoger entre lo que es mejor para él, al establecer un solo modelo educativo (aprobado por el Estado) y obligando a que estos jóvenes entren a un colegio uniforme.

De esta manera, si la idea es proteger el derecho de la educación de personas dotadas, no es responsable olvidar el papel que tiene el sector privado y la potencialidad que tiene involucrarlo en la satisfacción de las demandas; así sean de las personas de escasos recursos.

Lo que el Estado puede hacer, en pro de no solo esta población excepcional sino de todos los demás estudiantes, es seguir realizando este tipo de subsidios tipo voucher (bonos que solo pueden utilizarse en bienes específicos, en este caso en educación) para que estas personas de escasos recursos puedan ingresar al colegio de su preferencia. La nueva política de “ser pilo paga” es un ejemplo de esto, en el que el estudiante tiene la facilidad de escoger la universidad que desee, afianzando la calidad educativa y no llevando los escasos recursos de los contribuyentes a un sistema educativo que no tiene ningún incentivo de mejorar por el simple hecho que no está inmersa la competencia en este.

Lo que haría falta es la creación de una política pública para afianzar la creación de estos bonos y ampliarla para que esta no se dé solamente por medio de sentencias judiciales o para una población especial.

Es necesario salirse de los argumentos ideológicos, en los que se cree que el sistema estatal es propicio para atender todas las demandas desatendidas; al volverse pragmático se evidencia que existen mejores soluciones, de mayor calidad y resultados para sus usuarios y de menores costos para todos los contribuyentes.

Escrito por: Mateo Amaya Quimbayo

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