LIBERTARIOS Y COLEGIOS EN CONCESION

Educacion_libre_y_comunitaria

Por: Lucas Calderón D’Martino
Abogado con Especializaciones en Derecho Administrativo y Constitucional y Maestría en Planeación Urbana

La discusión sobre la continuidad o no del modelo de colegios en concesión esta en un momento cumbre, toda vez que como trajo a colación la columna “Sobre los Colegios en Concesión” de David Ardila Herrera los contratos mediante los que operan estos colegios están a punto de vencer.

Este hecho ha originado que se retome la discusión sobre este modelo desde diferentes perspectivas,  lo que de por si debe alegrar a los liberacionistas ya que la discusión abierta en un “mercado de ideas” debe ser una de nuestras máximas aspiraciones. Sin lugar a dudas, en el interregno entre la implantación del modelo y el año pasado (por la cercanía al vencimiento de los contratos) esta discusión ha sido copada en su mayoría por los sindicatos de maestros que año tras año piden el desmonte de las concesiones y en menor medida por un puñado de expertos que analizan esta experiencia.

El efecto perverso de esta situación es que la riqueza y pluralidad argumentativa (que reitero debemos defender los liberacionistas) se ha reducido de manera sustancial. La simplicidad se ha tomado el debate; por un lado, se acusa al modelo de privatizar la educación pública, por otro se defienden los ahorros que se consiguen en esta modalidad, y se analizan las variables de calidad educativa, reducción de conflicto estudiantil, reducción de embarazos, reducción de la deserción.

En este sentido, ahora vivimos una explosión argumentativa que debe dotarse de profundidad y detalle para evitar caer en lugares comunes y salvar el obstáculo del reduccionismo argumentativo. Para ello se requiere como mínimo una precisión que garantice una discusión leal (sin engaños) y fundamentada.

A tal efecto, es vital distinguir entre modelo educativo y modelo administrativo. Erradamente se ha dicho que las concesiones son un modelo educativo, la realidad es que el modelo educativo se define por cada colegio mediante los Proyectos Educativos Institucionales -PEI- de que trata el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). En este sentido las concesiones son simplemente un modelo administrativo que traslada a un  privado la gestión de un colegio. No sobra decir que los colegios públicos (tradicionales) y los colegios en concesión están legalmente obligados a contar con un PEI propio que definen con relativa autonomía.

Muy someramente podemos decir que los modelos administrativos pueden ser públicos (el Estado a través de sus agentes “gerencia” los colegios) concesionados (el Estado financia a un privado para que ejerza la administración del colegio que sigue siendo de propiedad del gobierno) y privados (los particulares gerencian colegios que les pertenecen). Los modelos educativos en cambio pueden ser conductistas, cognoscitivista, constructivistas entre muchos otros.

Ahora bien, en virtud de la Ley, el PEI debe responder a las necesidades de los educandos y dado que estas difieren en la medida de que los educandos son diferentes, puede afirmarse que no deberían existir PEI’s o modelos educativos idénticos. Esto es así aun en los casos en que un mismo ente administrador (el Estado o un privado) opere varias instituciones educativas dado que estas necesariamente atenderán a diferentes educandos. La realidad es que en muchas ocasiones los prestadores del servicio educativo (el propio Estado o los privados) no se toman la molestia de caracterizar adecuadamente a los educados, sus entornos y territorios lo que lleva al hecho infortunado de que muchos PEI parezcan una reproducción calcada de un modelo estandarizado (lo que es contrario a las ideas libertarias).

La distinción entre los conceptos de modelo educativo y modelo administrativo es usada para oponerse a la continuidad de los colegios en concesión argumentándose que nada tiene que ver lo “administrativo” con lo “educativo”, a su vez, los defensores de los colegios en concesión usan la confusión de modelos para defender la continuidad de las concesiones educativas esgrimiendo para ello los buenos resultados educativos y financieros.

En mi opinión, ambas posiciones están erradas. Como ya se evidenció, el modelo administrativo difiere del modelo educativo, pero eso no quiere decir que lo “administrativo” no incida en lo “educativo”, es innegable que analizando cada caso concreto (colegio) se podrá determinar la incidencia positiva o negativa del modelo administrativo en el modelo educativo y viceversa, destacándose las interdependencias resultantes. Pero basta una evidencia sencilla, la propia Secretaria de Educación de Bogotá tiene evidencia que en las concesiones las reparaciones locativas son más oportunas que en los colegios oficiales. Sobra decir que es difícil estudiar en salones con bombillos dañados y mal iluminados.

Aportados estos criterios conceptuales, se debe insistir en que la defensa de los colegios en concesión no se debe fundamentar únicamente en criterios económicos toda vez que los mayores ahorros actuales en los colegios en concesión, no necesariamente se mantendrán en el futuro dado que estos ahorros están supeditados a los contratos vigentes, una vez terminen estos, los nuevos contratos para operar colegios en concesión podrían incluir condiciones que alteren ese valor, como mínimo actualizándolo a una nueva realidad educativa, luego lo único que puede afirmarse al respecto es que brindar educación en la actualidad a un estudiante en un colegio oficial, resulta casi el doble de costoso que en un colegio de concesión bajo los contratos vigentes. Los nuevos contratos de concesión tendrán una nueva estructura de precios que presumiblemente transformaran esta relación.

Ahora bien, desde la óptica libertaria, es reduccionista defender las concesiones educativas basados principalmente en criterios económicos, no solo porque estos son mutables como se acaba de evidenciar, sino porque la libertad no es una condición económica, todo lo contrario, la libertad económica es solo una de las manifestaciones de la libertad en general. Flaco favor hacemos a la defensa de nuestros ideales si los reducimos a un ámbito tan limitado de la expresión humana. De hecho, tal simplista abordaje es similar a la estigmatización que se hace desde otras corrientes intelectuales a la defensa de la libertad.

Lo anterior nos debe conducir a identificar, desde la óptica libertaria, la razón para defender el modelo de colegios en concesión. Sabidos son sus logros en varias materias, no solo de rendimiento académico sino de violencia, salud sexual y reproductiva y asistencia, pero para nosotros, lo verdaderamente destacable es que los colegios en concesión enriquecen el universo de alternativas educativas.

Cualquier libertario estará de acuerdo en que los sistemas donde impera el pensamiento único y la uniformidad son sistemas donde no impera la libertad, por el contrario, los sistemas plurales que admiten diferentes enfoques y abordajes favorecen la libertad.

En un conjunto de demanda educativa idealizado, en el que no existieran barreras territoriales y económicas entre otras, sería deseable que los diferentes oferentes de alternativas educativas compitieran entre sí para ser seleccionados por los educandos (o sus padres) para prestar tales servicios. En este escenario, los colegios oficiales, los colegios en concesión, los colegios administrados por comunidades religiosas, los colegios laicos entre otros, compiten para obtener el favor de los alumnos, de esta competencia idealmente resultaran mejores colegios, estudiantes mejor educados y sociedades más plurales y por ende más libres.

Desde mi posición en este debate, he abogado de manera continua por preservar la pluralidad en la oferta educativa, lo que implica un adecuado balance entre los diferentes modelos administrativos y educativos y el abandono del viejo reclamo ideológico de la dominación y homogenización de la educación bajo un solo modelo, sin importar si este es público o privado toda vez que el resultado inevitable de tal dominación, provenga de donde provenga, es la perdida de libertad.

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